El diputado 99, Carlos Flores, apareció en la
Asamblea Nacional para darle con su voto al presidente Nicolás Maduro la oportunidad de legislar durante un
año a partir de la próxima semana. Todo
ocurrió como se anticipaba. El chavismo ha podido salvar con éxito la primera
discusión del proyecto de Ley Habilitante con la inestimable contribución de
Flores, suplente de la parlamentaria disidente María Mercedes Aranguren, despojada el martes de su inmunidad
por supuestos actos de corrupción. comprar mp3
La atención estaba concentrada en este hombre
moreno y fornido tras la decisión de contar voto a voto el respaldo y el
rechazo a la propuesta. Cuando el secretario mencionó a Flores toda la bancada
opositora se volteó hacia su asiento para echarle en cara su traición. El
oficialismo, entre tanto, lo aplaudía. La transmisión de la televisión no
permitió apreciar lo que dijo antes de apoyar la propuesta, pero nadie tuvo
dudas cuando el secretario dijo: “El diputado ha dicho que sí”.
De esta forma el chavismo ha hecho los deberes para
entregarle aMaduro las facultades
para legislar que viene solicitando desde septiembre con el aparente propósito
de iniciar una cruzada ética contra la malversación de fondos públicos. “El
socialismo jamás podrá afianzarse con la corrupción. He venido a pedir poderes
habilitantes para profundizar, acelerar y dar la batalla a fondo por una nueva
ética política”, aseguró el jefe del Estado cuando el pasado 8 de octubre
oficializó su solicitud para legislar. Pero la crisis económica ha impuesto sus
urgencias y ahora el objetivo principal es otro. Con la primera discusión de la
Ley Habilitante, comenzó la cuenta atrás para imponer por decreto presidencial
la regulación de todos los bienes y servicios que circulan en Venezuela.
La primera ley que el Ejecutivo aprobaría será un
proyecto que, según Maduro, establecerá precios, costes y ganancias máximas en
bienes y servicios. Aunque ya existe en Venezuela una Ley de Costos y Precios
Justos, el Gobierno pretende ir hasta donde nunca había ido al establecer
límites al porcentaje que les queda a los comerciantes.
Esta ley ignora adrede cómo funciona el modelo
económico bolivariano. Para que los empresarios traigan mercancía al país
—Venezuela importa el 96% de lo que consume—, el Gobierno les asigna dólares subsidiados
con la esperanza de que obtengan un margen razonable de ganancia. Pero la
imposibilidad de liquidar a tiempo las peticiones obliga al importador a acudir
al mercado negro para reabastecerse. El coste de reposición se calcula con el
precio del mercado negro, que esta semana multiplicaba hasta por 10 el valor de
la divisa controlada.
Esos desequilibrios se han reflejado en el rápido
deterioro del salario. Es cierto que la falta de información sobre la
cotización de la moneda estadounidense en un mercado distinto al oficial —el
mercado paralelo está prohibido por ley— también ha fomentado la especulación.
Pero el Gobierno se niega a reconocer lo que la mayoría de los economistas
señala: que el origen del desequilibrio está en su política económica. Cada mes
el informe del Banco Central de Venezuela muestra grietas más evidentes. En octubre
la inflación fue del 5%, y en los últimos 12 meses del 45,8%, mientras que la
escasez subió al 22% zapatos para
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A través de la Ley Habilitante Maduro pretende
ignorar esas advertencias y aumentar el ya engorroso proceso para obtener
dólares preferenciales. La ley es quizá la última arma del Gobierno para acabar
con lo que ha llamado guerra económica. “Le vamos a ver el hueso a esta
burguesía parasitaria”, dijo Maduro el miércoles con la esperanza de que ese
plan contenga la poderosa riada del mercado.
